Para iniciar este tema
inevitablemente debemos ubicarnos en el tiempo y contexto mundial que estamos
viviendo: La globalización y sus formas de integración regionales que como
materia de análisis, son múltiples y nos llevan a convocar diferentes áreas y problemáticas
que inciden sobre esta situación, que nos hacen transitar desde sus características
internacionales, hasta llegar a los efectos locales que produce este proceso de
capitalización creciente, con restricciones de los contratos y prestaciones sociales,
con migración masiva desde diferentes territorios con sus correspondientes expresiones
de racismo, discriminación y explotación laboral en aumento para favorecer las
arcas de los señores capitalistas y las grandes corporaciones que se encuentran
desarrollando a sus anchas la fase extractivista en el mundo.
Porque la globalización, a
diferencia de otros procesos económicos que nos antecedieron, es un proceso inédito,
por la extensión que tiene sobre nuestro sistema planetario, por la profundidad
y velocidad en que se ha implantado, transformando las relaciones culturales,
económicas, sociales y comunicacionales de la humanidad y que, amparado en un
modelo ideológico de penetración de instituciones y corporaciones que detentan
el poder económico bajo dimensiones ilimitadas, dictamina programas, convenios
internacionales y reglas para aplicar desde los países ricos hacia los países
pobres.
El proceso de globalización tiene la
capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria, por
lo tanto, las decisiones y las actividades que se desarrollan en un lugar
tienen repercusiones simultáneas en otros muy distantes, porque además se
cuenta con el avance tecnológico de la informática y las comunicaciones.
Las economías nacionales en este
contexto pierden su autonomía, y se rearticulan bajo ajustes estructurales que
les permitan insertarse plenamente en esta “unidad globalizada” bajo procesos
de transacciones, negocios, convenios y tratados internacionales (TPP) y de
esta manera entrar en el concierto internacional, que opera bajo la lógica del
mercado, que lideran las transnacionales y las grandes compañías, suplantando
todas las formas anteriores que sustentaban la industria nacional.
No olvidemos que hasta el año 73 en
Chile existía el Estado de Bienestar, se desarrollaba la industrialización por
sustitución de importaciones, en manufacturas como cuero y calzado, textiles y
confección de vestuario, en aceros y sus derivados, producción agrícola nacional
de alimentos básicos bajo la Ley de Reforma Agraria (aceite, cereales, azúcar)
y explotación de recursos naturales y minerales, la nacionalización del cobre
fue en beneficio del desarrollo de la economía nacional, existía educación y
salud pública. Los sindicatos de trabajadores que conformaban los cordones
industriales eran poderosos y con alto poder de negociación. Todo este sistema
de bienestar fue destruido con el golpe cívico militar, que fraguó la quiebra
de las industrias y al amparo de una Reforma Laboral se persiguió a los
sindicatos, se produjo una contra reforma agraria y se inicia un proceso de privatización
de los bienes comunes y servicios con medidas urgentes amparadas en decretos con
fuerza de ley para sustituir el Estado de Bienestar por un Estado subsidiario.
En resumen, nos convertimos en el modelo para América Latina de un Estado capitalista
neoliberal.
En la actualidad los flujos de
capitales se volatilizan, las empresas reeditan o crean nuevas relaciones
laborales, la organización del trabajo se flexibiliza. En definitiva, el
llamado “ajuste estructural” es el cambio del marco regulatorio nacional e
internacional para adaptarlo a los requerimientos de la globalización. En
nuestro país el ajuste estructural se aplicó de manera dramática y drástica
-como ya hemos mencionado- bajo el régimen militar; y los diferentes gobiernos que
le han sucedido han perfeccionado este modelo, adaptando la economía nacional a
los requerimientos de la globalización que ha implicado profundas
transformaciones en el área de la salud, la educación, los bienes naturales y
los servicios.
En este contexto, hombres y mujeres
entran en condiciones desiguales al proceso de reestructuración, dadas las
características de los sistemas de relaciones de género que caracterizan a las
sociedades actuales. Son las mujeres las que sostienen parte importante de este
proceso, debido a la división sexual del trabajo. Aquí debemos agregar la
responsabilidad del cuidado de las familias, pues si no existen las garantías
sociales que les permitan disminuir el trabajo doméstico, la carga laboral se
intensifica.
Bajo este ajuste, son estas mismas
responsabilidades familiares, las que hacen a las mujeres más vulnerables a la
precarización de los empleos, debiendo aceptar trabajos de menor calidad, mal
remunerados, sin las mínimas garantías laborales ni de seguridad social, a
cambio de un sistema flexible de trabajo que le permita compatibilizar ambas
responsabilidades: o sea el trabajo doméstico y el remunerado.
Para las autoras Virginia Guzmán y
Rosalba Todaro[1], la mayor vulnerabilidad
de las mujeres que deriva de esta doble exigencia forma parte de la estrategia desreguladora
del mercado laboral. Ellas sostienen que la discriminación de las mujeres en el
mercado del trabajo, o sea -la división entre ocupaciones masculinas y
femeninas, a las que se le atribuye distinto valor- asegura una mano de obra
barata para un conjunto de actividades y formas de relación laboral necesarias
para el funcionamiento de la economía, principalmente en la manufactura y la
agricultura de exportación, y áreas de servicios y de apoyo a las empresas
globales.
Las condiciones desiguales, se
agravan con la privatización de las prestaciones sociales y la seguridad
social, abandonándose por parte del Estado el principio de solidaridad, y muy
por el contrario, fomentando a través de propaganda engañosa, el aporte y la
capitalización individual, que incide sobre toda la población; pero afecta en
mayor medida a las mujeres trabajadoras, pues la reproducción humana como bien
social, pasa a representar un costo que debe ser asumido por el sexo femenino. Un
claro ejemplo de esto es que las mujeres en edad fértil, tengan o no hijos,
deben pagar planes más altos en el sistema de salud previsional, por el riesgo
que supone mayor demanda y por lo tanto gastos de atención en salud mayor que
los hombres.
Si en el medio urbano, las mujeres
jubiladas gozan de pensiones menores que los hombres, debido a su mayor
porcentaje de esperanza de vida, más baja aún es la pensión cuando los aportes
en su vida laboral activa son producto de las remuneraciones inferiores que
reciben de pago. Las mujeres rurales, aún trabajando toda su vida en el sistema
temporal de la agro-exportación podrán recibir una pensión de jubilación digna.
Muchas mujeres campesinas que, por diversas razones, ya sea por procesos migratorios
o expulsión del campo a la ciudad precisamente por la restructuración agrícola,
encuentran una alternativa económica en el trabajo temporal de la agricultura
de exportación o como ocurre en las provincias del sur en las empresas de
producción y procesamiento de mariscos y salmones, se encontrarán al final de
su camino en esta situación de orfandad previsional.
Desde sus inicios, las mujeres de poblados
rurales, con necesidades urgentes de ingresos monetarios, se incorporan a un
trabajo moderno, pero flexible y precario. Desde ese punto de vista, el trabajo
estacional fue tomado como una posibilidad de generar ingresos, en un corto tiempo,
incrementar su poder adquisitivo y acceder a una mejor calidad de vida para
ellas, sus hijos e hijas.
Si bien es cierto que aún en
condiciones de trabajo desiguales, precarias, de relaciones laborales
inestables y escasa protección previsional, ha habido un aumento sustantivo en
la incorporación de las mujeres al trabajo, también ha significado un avance en
la toma de decisiones al interior de las familias y una mayor capacidad de
autonomía personal y económica. Para las mujeres la generación de ingresos
propios, la ampliación de las relaciones interpersonales y el aprendizaje de
nuevas competencias van cambiando la percepción de su propia imagen y la
valoración de su inserción en el grupo laboral y organizacional en el que
interactúan.
En el sector de la agricultura, la
división del trabajo por sexos está muy caracterizada bajo el sistema
patriarcal. En los países en desarrollo la mujer desempeña un papel crucial en
el sector agropecuario, especialmente en las economías familiares campesinas, en
la producción y elaboración de los alimentos. En Chile, por ejemplo, las
mujeres tienen a su cargo el manejo y cultivo de los huertos, desde que se
inicia el proceso con la selección y cuidado de las semillas, la preparación
del terreno hasta la cosecha, con una preocupación constante por la limpieza de
hierbas, la aplicación de abonos en las hortalizas y verduras que constituyen
el sustento alimenticio del hogar. Tienen a su vez un papel destacado en el manejo
de otras actividades como crianza de animales menores (ovejas, corderos,
cerdos, conejos) también de aves y producción de huevos, que contribuyen de
manera significativa en las economías familiares campesinas.
Patricia Bifani, nos refuerza la
tesis de que “la mujer es el pilar de las
estrategias de sobrevivencia de las economías campesinas”, cuando nos dice que,
mediante el desempeño simultáneo de una multiplicidad de tareas, les hace
frente a los problemas generados por el deterioro de los salarios y el mayor
costo de la canasta básica de alimentos, así como por la consiguiente
disminución de la capacidad de compra per capita. Las estrategias de
sobrevivencia adoptadas más corrientemente consisten en la diversificación de
la producción, y por lo tanto de las fuentes de ingreso, producción para el
autoconsumo, para la solidaridad familiar, comunitaria y local.
Muchas veces además, hay que agregar
el trabajo fuera del predio agrícola o parcela, como trabajadora asalariada
agrícola o bajo otras modalidades, donde el trabajo se torna más pesado sobre
todo en el caso de las mujeres jefas de hogar. Aquí vemos que la posición
subordinada de la mujer en el mercado laboral y en el hogar está
interrelacionada y forma parte de un mismo sistema patriarcal. La asignación de
trabajos a las mujeres en la mayoría de los casos son una extensión del trabajo
doméstico (educar, cuidar a los niños, limpiar, servir, etc.) y como este se
encuentra devaluado en la mayoría de las sociedades, también se desvaloriza lo
que se le parece.
La gama de actividades de las mujeres
en la agricultura es tan variada y está tan interrelacionada al sistema de
comportamientos que se realizan al interior del “sistema agrícola” que implica
una categoría de comportamientos que deben ser estudiados según las actividades
y su importancia, el grado de independencia de las mujeres para realizarlas,
por ejemplo, responsabilidad única, responsabilidad compartida, forma de
gestión de los recursos, grado de autonomía, etc. Como también las limitaciones
y condiciones generales que conlleva la división del trabajo en el hogar, el
cuidado de los hijos, el abastecimiento de agua y combustible. También
encontramos otras actividades productivas extra-agrícolas, como preparación de
mermeladas y licores, artesanías y otras generadoras de ingresos como el trabajo
asalariado temporero, empleo doméstico, etc.
Y además su participación en
organizaciones gremiales, funcionales y territoriales, entonces quedamos
absolutamente convencidas que existe una subvaloración de la participación de
las mujeres en el trabajo agrícola. Las estadísticas oficiales no la asumen en
igualdad de derechos frente a los hombres en la producción agrícola, lo que se
ha reflejado en una falta de información periódica y sistemática, que las
invisibiliza, pero que además ha contribuido a que en la mayoría de los países
no se efectúen políticas y estrategias de desarrollo coherentes con el papel
preponderante de la mujer en la actividad agropecuaria y las economías
familiares campesinas.
En Chile, las políticas agrarias
enfatizan la agro exportación como elemento primordial para la generación de
divisas y sustento del modelo político neoliberal, las unidades campesinas, por
lo tanto, cada día se ven enfrentadas al abandono y el inminente peligro de
desaparecer, porque no son consideradas como sistema agrario rentable.
Además, existen otros factores que influyen
en la invisibilidad del trabajo femenino, como por ejemplo el trabajo de las
mujeres en calidad de mano de obra familiar, o como ayuda, o como extensión del
trabajo doméstico, o sea, no remunerado, y cuando lo hacen desde el trabajo
temporal, no está sujeto a regulación social ni previsión social permanente.
Por otro lado, los obstáculos que
enfrenta la mujer rural para obtener derechos sobre la tierra y la
discriminación de que es objeto por razones ya anteriormente expuestas, le
impide acceder en igualdad de condiciones a beneficios y créditos rurales,
constituyendo un agravante más en la situación de pobreza y marginalidad a la
que se está sometiendo al campesinado, llevando a mujeres y hombres del campo a
vivir bajo permanente precariedad y por consiguiente amenazando con la
soberanía alimentaria de los pueblos.
Para asegurar la permanencia de las
familias campesinas en el campo y de los jóvenes de ambos sexos, evitando la migración
a las ciudades, donde el trabajo les es mezquino y muy por el contrario les
espera el desempleo que trae problemas como vagancia, drogadicción y
delincuencia. Debemos mirar hacia el futuro y para ello proponemos que se deben
conjugar varios criterios, entre los más importantes a mi modo de ver, están la
necesidad de exigir la implementación de políticas públicas coherentes para
toda la población rural, con empleos que aseguren un equilibrio y bienestar
para los trabajadores/as y sus familias, con redistribución de los ingresos, etc.
No excluyente, no discriminatorio, no sexista ni clasista, no basado en el gran
capital, sino en la humanidad basado en las personas y en una mejor calidad de
vida.
En el Año Internacional de la Mujer
Rural, es urgente y necesaria la necesidad de salvaguardar la permanencia de
una población rural dinámica activa, con una estrategia de valorización
integral del espacio rural: tierra y territorios, trabajo agrícola, resguardando
la soberanía alimentaria con una producción sana de alimentos, comercialización
de productos bajo sistemas locales equitativos, ferias de comercio directo del
agricultor al consumidor, cultura rural, educación, salud y servicios
eficientes y no inferiores a los de las grandes ciudades y la vida urbana.