“Dar la vida solo puede ser un proyecto
humano basado en la libertad, en la voluntad; la mujer no es un útero
disponible para el patriarcado”
Celia Amorós
En Chile
hasta hace muy poco tiempo, existió la prohibición absoluta del aborto, sumada
a las ofensivas fundamentalistas de los gobiernos y de las iglesias que
constantemente han presionado para que incluso la ley de Aborto en tres causales,
no se operacionalice y tengas trabas de acceso público.
La
legislación que se promovió en dictadura, desde el año 1989, fue la derogación
del artículo 119 del Código Sanitario, que permitía el aborto terapéutico y fue
reemplazado por la ley 18.826, que en su artículo único dice “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin
sea provocar un aborto”.
La
derogación de esta norma fue producto de un acuerdo entre la dictadura y la jerarquía
de la iglesia, preparando el terreno para una transición democrática y que por
recuperar la “democracia” a las mujeres y feministas se instala un castigo
moral y penal, que traspasó 4 gobiernos de la Concertación, uno de derecha y uno
de la nueva mayoría (otro acuerdo de partidos), al finalizar el año 2017 y
terminando el programa del segundo período de gobierno de Michelle Bachelet es
que se aprueba la nueva ley 21.030 que despenaliza la interrupción voluntaria
del embarazo en tres causales.
Por tanto
desde 1989 y hasta 2017 Chile no contaba con ningún protocolo de salud para
acceder al aborto bajo ninguna circunstancia, es decir una dictadura que
persistió en el cuerpo de las mujeres hasta ahora, aprobándose en 2017 una ley
mezquina que sólo llegaría según estudios al 3% de la población chilena, además
esta misiva tiene la traba de la objeción de conciencia institucional, se
frenaría por tanto el acceso a las tres causales específicas o situaciones de excepción que se detallan a
continuación:
1.- Peligro
para la vida de la mujer.
2.- Embrión
o feto padezca una patología incompatible con la vida extrauterina
independiente.
3.- En caso
de carácter letal y violación.
Por
tanto fuera de estas causales el aborto
continúa siendo ilegal.
Intervenciones en el Congreso
Durante los
años 2013 al 2017 se generaron debates para legislar sobre la ley de
interrupción del embarazo, las discusiones en el Congreso fueron de mucha
controversia. La discusión propuesta por el gobierno de turno sobre la ley de
interrupción del embarazo en tres causales, estuvo congelada en la cámara del
Senado por mucho tiempo. En toda su tramitación legislativa los partidos
políticos, no han tomado en cuenta la investigación de organizaciones
feministas como un antecedente veraz, todo lo contrario, se caricaturiza,
ignora o se burla de quienes entregan información seria con respecto al aborto.
Las
intervenciones en el Congreso durante la discusión del proyecto de ley que
despenaliza el aborto en tres causales, recordó otras frases que causaron
controversia desde que comenzó el debate nacional.
“Legalizar
la eugenesia significa que se acabó la Teletón, se acabaron los niños con
discapacidad. Implica que hay una afrenta contra aquellas personas que nacieron
con algún problema físico o psicológico y que hoy día las mujeres van a optar
por abortar”, fueron las palabras que Hasbún entregaba este miércoles como
fundamento a su rechazo al proyecto.
Sin embargo,
no solo el diputado UDI generó críticas por su argumento, hubo otros
parlamentarios que compararon el aborto con la esclavitud, o con el Gobierno
Militar durante la jornada de discusión en la Cámara de Diputados.
-“Despenalización
del aborto es tan grave como permitir la esclavitud”, José Manuel Edwards (RN)
- “Solo una
maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir
sobre su cuerpo”, José Antonio Kast (UDI)
- -“Hay
violaciones que son violentas y otras que no son violentas (…) La dignidad de
una mujer no se pierde por el hecho de ser violada”, Marisol Turres (UDI)
Estas
discusiones ponen en evidencia el tutelaje que las mujeres tienen al momento de
decidir, es la expresión total de desprecio hacia las mujeres y la negación que
se tiene al acceso a derechos. En ese momento nuestra reacción fue indicar lo
siguiente: “La prohibición del aborto es violencia estatal. Es violento que las
mujeres arriesguemos ir a la cárcel, que arriesguemos la vida, por abortar
clandestinamente; que se nos criminalice moral y jurídicamente (por decidir
sobre nuestros cuerpos/nuestras vidas/nosotras mismas). Es violento que las más
pobres no tengamos acceso a un aborto seguro e informado, mientras que aquellas
con recursos pueden acceder a clínicas privadas. Pese a todo, las feministas
seguimos luchando y nos organizamos para enfrentar esta violencia. Porque las
mujeres abortamos y continuaremos abortando”.
Luego de
tres años de discusión se aprueba la Ley 21.030 que regula
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales
específicas. Sin embargo hoy la ley es precaria e ineficiente, además de
restrictiva, se puede señalar que la objeción de conciencia es uno de los
puntos críticos de la implementación de la Ley, la objeción reconoce a los y
las médicas el derecho a declararse objetor/a de conciencia y de esta manera
excusarse de realizar la interrupción del embarazo a una paciente que se
encuentre en alguna de las tres causales. Asimismo, se reconoce este derecho a
otros profesionales y trabajadores/as de la salud a quienes corresponda
desempeñarse al interior del pabellón quirúrgico en la referida intervención;
como igualmente a instituciones privadas. Por tanto la objeción de conciencia
puede afectar el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del
embarazo en alguna de las tres causales[1].
Si bien no
hay cifras exactas, El estudio de Corporación Humanas permite aproximarse, en
primer lugar, al modo en que los/as médicos/as obstetras contratados/as en
hospitales públicos se enfrentan a la interrupción voluntaria del embarazo en
alguna de las tres causales. Conforme a los resultados obtenidos, se aprecia
que las causales riesgo vital e inviabilidad son en mayor medida aceptadas que
la invocación de la causal violación sexual para la interrupción del embarazo.
De hecho, la causal violación sexual enfrenta un 47,2% de obstetras objetores
de conciencia (casi uno de cada dos profesionales especializados); mientras que
frente a las causales inviabilidad y riesgo vital la proporción de médicos/as
obstetras objetores alcanza el 27,3% y el 20,3%, respectivamente, lo que
representa uno de cada cuatro profesionales especializados en la causal
inviabilidad, y uno de cada cinco profesionales en la causal riesgo vital.
Una
segunda conclusión dice relación con la amplitud con que médicos/as obstetras
de hospitales públicos se acogen a la objeción de conciencia individual. De un
total de 66 hospitales públicos, únicamente en tres (3) establecimientos no
existen médicos/as que se declaren objetores/as en ninguna causal: el Hospital
de San Carlos, el Hospital de Talcahuano y el Hospital de Quellón. En
contraposición, particularmente grave es la situación de dos (2) hospitales
públicos, el Hospital de Vallenar y el Hospital Intercultural de Nueva
Imperial; en que todos/as los/as médicos/as obstetras se declaran objetores/as
de conciencia en las tres causales.
En
tercer lugar, la causal riesgo vital de la mujer se identifica como la causal
que presenta menos riesgos en términos de accesibilidad, en base a la
proporción de médicos/as obstetras que la objetan. Sin embargo, del total de
hospitales públicos que pueden realizar la interrupción legal del embarazo,
sólo en 16 (24,2%) ninguno/a de los/as médicos/as obstetras se declara objetor/a
de conciencia. Además, preocupa observar que en nueve (9) hospitales públicos
más del 50% de los profesionales objeta esta causal; y que en tres (3) de
estos, la totalidad se acoge a la objeción de conciencia. Si bien la causal
riesgo vital corresponde a la causal mayormente accesible en establecimientos
públicos de salud, resulta llamativo que uno de cada cinco profesionales objete
en dicha causal considerando que durante la discusión legislativa se planteó
como argumento para sostener que no se necesitaba legislar al respecto, la
existencia de una práctica consolidada entre profesionales de la salud para
proceder a la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer se encuentra
en riesgo.
Una
cuarta conclusión dice relación con la inviabilidad fetal, causal que
resultaría accesible en el 53% de los hospitales públicos, incluyendo 12
establecimientos (18,2%) en que no existen obstetras objetores/as de
conciencia. En tanto, en siete (7) hospitales (10,6%) la accesibilidad es
mínima o nula, incluyendo cuatro (4) recintos en que la totalidad de los/as
obstetras objeta la referida causal. La relativa aceptación de las causales
riesgo vital e inviabilidad podría explicarse por cuanto ambas corresponden a
problemas de salud cuyo manejo, riesgos y consecuencias son conocidos por
los/as profesionales; en cambio, la violación sexual no sería identificada como
un problema de salud en sentido estricto, lo que sitúa el eje de dicha causal
más en el ámbito de la consideración y reconocimiento de las mujeres y las
niñas como sujetas de derechos con autonomía para decidir al respecto.
En
quinto lugar, la alta objeción de conciencia en la causal violación resulta
crítica, especialmente considerando que la incorporación de la violación sexual
entre las causales de aborto legal se sustenta en la necesidad de proteger a
mujeres y niñas de las gravísimas consecuencias que derivan de un embarazo
forzado. Casi la mitad de los y las obstetras que se desempeñan en hospitales
públicos no está dispuesto a realizar un aborto a una mujer o niña que ha
sufrido una violación sexual (47,2%). Sólo 12 establecimientos (18,2%) no
presentan riesgos significativos para el acceso al aborto en dicha causal,
puesto que menos de una cuarta parte de los/as médicos/as obstetras se declaran
objetores/as. En cambio, en uno de cada dos establecimientos de salud (53%),
más de la mitad de los/as profesionales objetan esta causal, dificultando
seriamente el acceso al aborto a mujeres y niñas que lo requieren.
Finalmente,
la objeción de conciencia institucional se encuentra regulada de manera
excesivamente amplia, sin exigir siquiera requisitos vinculados a la
fundamentación de la misma en base a los valores o ideario de la institución
que la invoca. De acuerdo a la información que publica el Ministerio de Salud
en su página web, actualizada al 19 de abril de 2018; seis (6) establecimientos
privados se han acogido a la objeción de conciencia institucional. Ello
corresponde a la Universidad de los Andes, que respecto de tres (3)
establecimientos declara la objeción de conciencia en las tres causales; y a la
Clínica Indisa, que respecto de tres (3) establecimientos objeta la causal
violación sexual.
Claramente
el antecedente sobre la objeción de conciencia es un problema para que las
mujeres de cualquier parte de país pueda acceder a alguna de las tres causales,
siendo un problema institucional, donde la burocracia y la religiosidad prima
ante los derechos de las mujeres.
¿A quiénes
afectaría esta traba institucional? ¿Quiénes por tanto accederían a esta ley?
¿Las mujeres rurales, indígenas podrán ir
al hospital y solicitar la interrupción del embarazo? Es importante
visualizar entonces la problemática que viven las mujeres pobres cuando se
realizan un aborto, estas son encarceladas y discriminadas por haber tomado la
decisión de abortar, pues este tema esta cruzado por un asunto económico y de
clase, ya que las mujeres que pueden acceder y tienen recursos lo pueden hacer
y comprar los medicamentos correspondientes, por tanto se puede indicar que
esto no es un problema de género, sino que
se debe considerar como un asunto de clase, en Chile se realizan abortos
en clínicas privadas o viajes al extranjero, al tiempo que las mujeres pobres
mueren por procedimientos insalubres y precarios. La interrupción del embarazo
se ha planteado siempre como un problema, pero el Estado no se hace cargo, ni
tampoco las políticas públicas, sin embargo se penaliza, se castiga con cárcel
y también socialmente. Si las mujeres tenemos derecho a decidir ¿Por qué
existen tantas trabas para legislar?
Si nadie se
hace cargo en términos institucionales las organizaciones feministas fuera de todo
orden estatal, se proponen acompañar en este proceso y fuera de toda normativa o legislación,
comienzan a hacer frente a esta problemática que enfrentan las mujeres.
Diversas organizaciones y feministas post dictadura comienzan a trabajar fuertemente
en los derechos sexuales y reproductivos, además de la reposición del aborto
terapéutico, décadas de trabajo. Hasta
que en el año 2013 se organiza una manifestación contra la violación de una
niña en particular pero que encarna la naturalización de la violación hacia las
mujeres. Desde ese momento algo surge y se generan manifestaciones feministas
en todo Chile y el extranjero.
Organización Feminista
Yo aborto el “25 de Julio” es un
llamado a Marcha Nacional convocada por organizaciones feministas de Chile para
decir basta a la penalización del aborto. Exigimos aborto a secas, esa fue la
propuesta de las más de 60 organizaciones que coordinamos la salida pública,
entonces ya no hablamos más de la reposición del aborto terapéutico, hablamos
entonces del Aborto Libre, seguro y gratuito. Marcamos el hito en esa primera
marcha que termina en la toma de la catedral, exigiendo a la iglesia que no
siga presionando al Estado y deje el derecho a decidir en mano de las mujeres.
Bastó con un
hecho de injusticia y criminalización a una niña para articularnos y vernos las
caras, fue entonces que en Santiago sucede algo inédito, las redes sociales
funcionaron y se activa la rabia y el desencanto de ver como se criminaliza
diariamente a mujeres y niñas por el hecho de abortar, mujeres encarceladas por
el propio sistema de salud y presenciamos indignadas como el entonces
presidente anuncia que una niña de 11 años es consciente y madura para ser
madre (niña abusada por su padrastro). Todos esos elementos nos llevaron a
organizar una reunión a la que llegaron alrededor de 60 personas, un hecho
histórico, feministas organizadas y también sueltas, se auto-convocaron para
decidir que teníamos que salir a la calle y exigir el aborto como un asunto de
clase y derechos. Desde ese momento se han ido tejiendo redes, conversaciones,
atando luchas, el 25 de julio del 2013 nos propusimos poner en el tapete el
tema del aborto como un asunto de derechos y de autonomía de las mujeres.
Nuestra
acción para el 25 de julio fue coordinar la partida de la marcha sin permiso,
nuestro lienzo fue a la cabeza de la marcha y nos manifestamos desde la
diversidad de posturas. Por ello hicimos un llamado y aclaramos que: “no estamos promoviendo el aborto, sino que
consideramos necesario prevenir el aborto a través de la educación sexual, sin
embargo, entendemos que esta no es suficiente para solucionar el problema de
los abortos clandestinos e inseguros. Las mujeres no venimos al mundo a ser
madres”.
Luego de
este hecho y la ruptura con todo organismo, es que se decide defender el aborto
a secas y no el aborto terapéutico, que entendemos es un avance, sin embargo
nos atará por mucho tiempo, ya que no indica que no se criminalizará a las
mujeres que decidan abortar fuera de las tres opciones que hoy propone el
gobierno.
Poco a poco se
ha ido trabajando para organizar acciones colectivas, el 8 de marzo fue nuestro
primer acto de rebeldía y nos desmarcamos nuevamente de los partidos políticos la
idea es articularse desde la diferencia, porque estamos vigilantes a lo que las
políticas de género impongan en este nuevo contexto de una mujer en la
presidencia. Estamos conscientes que “Somos un movimiento que surge de
posicionamientos políticos feministas diversos. Nos agrupamos, en el contexto
de julio del año 2013, a partir de un impulso colectivo deseante de acción y
confrontación frente al estado de sometimiento, dominación, silenciamiento y
penalización de las prácticas culturales abortivas, las que históricamente han
estado en las manos de las mujeres en nuestro país y en este Continente moreno”
(Manifiesto 2013).
Desde el
feminismo podemos visualizar las contradicciones del sistema capitalista, la
naturalización de la maternidad y los roles impuestos, es por ello que hacemos
un llamado desde el movimiento feminista anticapitalista, que desea continuar
luchando por el aborto, libre, seguro y gratuito. Para que el Estado no siga
criminalizando a las mujeres, condenándolas a la cárcel por el derecho a
decidir autónomamente sobre sus cuerpos.
La primera
marcha masiva a favor del aborto
libre, seguro y gratuito, se gestó en un territorio cultivado por instancias
casi invisibles, feministas y no feministas, que forman parte de movimientos de
los movimientos políticos incesantes en este país. La Coordinadora Feministas
en Lucha, sale a la luz en este cultivo, bienvenido este crisol de
posicionamientos y, lo más benéfico, ha continuado, persistentemente, su lucha
político feminista hasta este presente de hoy. (Gilda Luongo)
Sabemos que
esta no es la primera marcha que se
realiza por el aborto, sin embargo es la más masiva desde los 90’ en adelante y
que hay mucha historia detrás de este hito, sin embargo seguimos trabajando
arduamente para despenalizar socialmente el aborto, organizando no sólo
actividades masivas sino que seminarios, encuentros, conversatorios, todo esto
con la idea de trabajar colectivamente el aborto sin causales. Por la historia
de dictadura y la imposición de la iglesia es necesario ampliar el diálogo, conversar
sobre los mitos que se difunden al momento de decidir.
Proyecciones
Para avanzar
en despenalizar socialmente el aborto se debe trabajar con todas las mujeres,
porque el aborto es una práctica real, que se realiza desde tiempos
inmemoriales, desde distintas culturas con o sin fármacos y por más que exista la
penalización social y legislativa se realizará de todos modos.
En Chile aún
tenemos trabas para decidir sobre nuestros cuerpos, el fundamentalismo se hizo
presente en la sexta marcha por aborto libre en Chile donde miles de personas
salir a manifestarse y un grupo de neonazis apuñala a tres mujeres que estaban
en la marcha y al finalizar en pleno acto, fueron amedrantadas por estos grupos
fascistas. Por supuesto no hay ningún indicio de justicia para estas mujeres
que sufren las consecuencias de pensar diferente y manifestar abiertamente su
posición política.
Implementación
de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria
del embarazo en tres causales: Objeción de conciencia en hospitales públicos y
en instituciones y su impacto en el ejercicio de derechos de las mujeres y
niñas. Estudio Corporación Humanas, julio 2018.
[i] Trabajadora Social, Activista
Marcha Mundial de las Mujeres Chile. Magíster en Ciencias Sociales, mención en
Sociología de la Modernización. amendozaar@gmail.com
