martes, 23 de abril de 2013

[Mujeres en la construcción de ideas] Asamblea Constituyente


“Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada para contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos”

José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de literatura, 1998.



¿Por qué las mujeres estamos por una Asamblea Constituyente? 
A propósito de la aplastante abstención en la última votación para elegir a las autoridades ediles en Chile han surgido muchas y variadas respuestas e interpretaciones desde los sectores políticos  En función de sus intereses sectoriales, las derechas e izquierdas se han puesto de acuerdo para manifestar su desaprobación a la ausencia de más de ocho millones de personas que no asumieron su “deber ciudadano” de votar en un proceso eleccionario que por primera vez en la historia de nuestro país se daba en condiciones de voto voluntario e instalaba la inscripción automática para los jóvenes (y ciudadanos/as que hasta el momento no se habían inscrito en los registros electorales).

Escribo este artículo asumiendo una respuesta que a mi entender deja de manifiesto el bajo nivel de credibilidad que tiene el actual sistema político chileno. Asumiendo que un porcentaje importante de adultos, escuchó la voz de los jóvenes que dijeron: ese voto no nos representa. Asumiendo el costo social, económico y cultural que significó que el 50% de los estudiantes de enseñanza media tuvieran que repetir su año escolar con la correspondiente carga económica para sus padres. Esos estudiantes lograron producir un despliegue de manifestaciones nunca antes visto en la historia educacional chilena. Muchos de esos hogares, afectados por la profunda crisis educacional, son liderados por mujeres trabajadoras.

Escribo esto asumiendo, por supuesto, una postura crítica al sistema binominal, que se arrastra desde una constitución generada entre cuatro paredes y a todas luces ilegítima, dado que se gestó bajo una dictadura militar, cuya práctica cotidiana era la delación, la persecución  la tortura y la desaparición forzada de ciudadanos y ciudadanas, que no estaban de acuerdo con sus prácticas antidemocráticas.  Dictadura que  obligó a un país entero a participar en un plebiscito, sin plantillas electorales y bajo estrictas órdenes militares para que los votantes le dieran el SI a la constitución que carecía de las mínimas garantías jurídicas, que respaldaran un proceso eleccionario transparente y democrático.

Treinta y dos años han pasado desde entonces, y durante todo este tiempo, se ha profundizado una política centrada en la economía de libre mercado, tomando un protagonismo especial la mercantilización de la vida humana, el extractivismo sin límites de nuestros principales recursos naturales, la privatización de los bienes comunes (educación, salud, previsión social); la precarización y flexibilidad laboral, el aumento del uso de las tarjetas de crédito (gran invención de los 80) para mantener de esa forma a una población idiotizada, porque así cualquier ciudadano/a puede creerse de clase media y acceder a todo lo que tienen los ricos a través del endeudamiento.

Por otro lado, amplios sectores de la población manifiestan su disconformidad a este sistema inequitativo, los empleados públicos de la salud, enfrentan a diario las injusticias sociales. El profesorado, a través del sistema municipalizado de la educación  vive cada fin de año escolar la incertidumbre de las contrataciones que son dirigidas y manipuladas por los alcaldes de turno, convirtiendo de esta forma la educación en un instrumento de proselitismo político, descartando el compromiso ético para la formación de valores de futuros ciudadanos/as.

Recientemente los pescadores han vivido horas de represión en el propio centro legislativo por oponerse a una ley de pesca desigual y discriminatoria que no oculta el verdadero poder que tienen los amarres entre el sector empresarial y el sector político, sector que olvida toda promesa hecha a sus electores cuando les aseguró la defensa y representación de sus derechos en el Congreso. Los barcos factorías depredan sin límites nuestras costas, mientras las cuotas aplicadas a los pescadores artesanales se empequeñecen más y más. Y lo más impactante y negativo de toda esta depredación al azul profundo es que vemos como inexorablemente se acaban las especies marinas que antes eran alimento cotidiano en nuestras mesas, por ejemplo el congrio, jurel y la merluza.

Los campesinos/as y sus familias han sido expulsados paulatinamente del campo y una nueva geografía económica se ha instalado, erradicando la agricultura campesina para sustituirla por una economía agro exportadora de grandes extensiones de tierras agrícolas, que décadas atrás ocuparon los antiguos latifundistas y que posteriormente con el proceso de la Reforma Agraria estuvo al alcance del pequeño campesinado. Pero gracias a la dictadura el latifundio volvió a recuperar a través de decretos en contra de la reforma agraria, y mucho dinero mediante, con alta tecnología  maquinas modernas y explotación de la mano de obra barata y temporaria, acrecentando sus riquezas de tal forma que la ambición no da abasto, aplicando en los países vecinos las mismas formas de explotación  externalizando la explotación de los campesinos que han perdido sus derechos a trabajar con su propia tierra.

Pero ustedes se preguntaran que tienen que ver todo este desastre con la Asamblea Constituyente, con las mujeres y con abstención de las elecciones.

Tiene mucho que ver con las mujeres, si partimos este análisis con la Constitución del 80, es precisamente porque desde aquellos años las mujeres salimos desde los espacios privados, en los que estábamos por designios históricos, capitalistas y patriarcales a enfrentar una dictadura militar con sus mecanismos represivos. Desde los días inmediatamente posteriores al golpe, muchas mujeres debimos armarnos de coraje para encontrarnos y encontrarse en la búsqueda de nuestros seres queridos. Salimos a la calle pidiendo y exigiendo respeto a los Derechos Humanos, manifestándonos en movilizaciones públicas y acciones callejeras, bajo el eslogan “democracia en el país y en la casa”¹. En el año 89, el régimen militar asesta un duro golpe a las mujeres opositoras, al derogarse el Articulo 119, del Código Sanitario, que legalizo en el año 1931 el aborto terapéutico. De este modo, en el ordenamiento jurídico chileno, el aborto se encuentra prohibido por dos disposiciones: el Código Penal de Chile de 1984, en sus artículos 342 – 345 y el Código Sanitario en el Artículo 119 que dice que lo siguiente: “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”²

Estamos hablando de una ley que entro en vigencia en el año 1931 y se mantuvo hasta el año 1989. Pocos meses antes que el régimen militar dejara de gobernar este país  retrocedimos en la historia más de ochenta años. Quedando instalado el castigo y la cárcel para las mujeres que se practiquen un aborto, incluyendo la delación por parte de funcionarios de la salud, si por alguna razón las mujeres deben terminan en un hospital de servicio público, otorgando además el derecho al maltrato psíquico y físico de funcionarios -incluso de servicios- a la mujer que sufre los efectos de un aborto practicado en malas condiciones, que incluye  incluso el riesgo de su propia vida (como ya se ha denunciado ante organismos de DD.HH.)

El aborto es un problema de clase, pues transcurridos 27 años de  “democracia”, es uno más de los factores discriminatorios que afecta a las mujeres de la clase trabajadora y de sectores pobres y deprimidos económicamente.  Pues es un secreto a voces que las mujeres ricas se practican abortos en Chile, o en su defecto salen del país a pagarse un buen servicio. Las mujeres trabajadoras de la agro exportación en cambio, sufren los efectos directos de los plaguicidas aplicados a las frutas con las que ellas tienen contacto permanente, cuyos costos son enfermedades a la piel, tendinitis, abortos espontáneos  malformaciones congénitas en sus embarazos, los que muchas veces determina embarazos no viables, pero se encuentran obligadas a aceptar, aun a costa de su propia salud mental y física  llevar durante ocho o nueve meses un ser que venía predestinado a morir, con la terrible carga que significa, además, asumir costos de hospitalización y gastos de funeral. La situación se agrava más de solo pensar que el Estado no asume el costo económico y social que significa para una familia tener un integrante absolutamente discapacitado. Las mujeres pobres generalmente asumen esa tremenda carga, porque las mujeres ricas pueden ocultarlos en centros especializados.

Otro punto que incide en la discriminación hacia las mujeres es lo que se relaciona con las ISAPRES y su “Impuesto al Útero” , como bien lo llamo la CUT en su momento, descuento realizado solo a las mujeres en edad fértil  por el solo hecho de serlo, pagando un porcentaje mayor que los hombres en su cotización en salud. Parece perverso que la institucionalidad actual abogue por la defensa de la vida y por otro lado se castigue la fertilidad. Esto sin contar que no existen campañas educativas a favor de la sexualidad responsable de hombres y mujeres. Las campañas de prevención de embarazos adolescentes no fomentan el uso de anticonceptivos y/o el condón  tampoco se cuestiona que estos no se distribuyen en los servicios públicos  como métodos anticonceptivos de última generación pues siempre se argumenta que existen bajas cantidades. La pastilla de emergencia no está disponible cuando la urgencia lo requiere. Esas y muchas otras situaciones contradictorias, atentan contra la autonomía de las mujeres, estas y muchas razones nos provocan y nos compromete a declarar que estamos por una Asamblea Constituyente que ponga al menos en el debate político, la condición de ciudadanías de segunda categoría.

Políticos de la Concertación, como el señor Escalona, que se encuentra muy cómodo en su sillón senatorial, se han manifestado públicamente en contra de un proceso participativo del pueblo  (aun en contra de una resolución del propio Congreso Nacional de su partido), el temor a perder privilegios mañosamente ganados han torcido el camino para el que fueron elegidos. Y aquí vuelvo sobre el problema de la abstención electoral, porque los votantes tuvieron muchas razones para no ir a votar, pero una de ellas indudablemente es que están cansados de este estilo de hacer política, ya sea de derechas o de izquierdas (que de izquierda ya no tienen nada).

Los señores políticos que aún conservan en sus mentes el verdadero sentido de la “politique” (el arte de la política) y si aún tienen valores que prodigar, deben escuchar las voces que llaman a construir un proceso de participación creativa y activa de los hombres y mujeres que creen en los procesos colectivos y no autoritarios, porque desde allí cobra sentido la palabra sociedad deliberante y constructiva conducente a una Asamblea Constituyente que le otorga valor a la voz del pueblo, para proponer ante delegados representativos y competentes una Carta Magna, que respete los Derechos Humanos, las demandas de los pueblos originarios y de la diversidad sexual, la libertad de expresión, los derechos sexuales y derechos reproductivos, en definitiva la soberanía de los pueblos.

Solo así en el futuro se podrá asegurara un cambio de rumbo frente a las urnas, porque la solución no pasa por obligar de nuevo a los chilenos a ir a votar. Los hombres y mujeres comprometidos en los movimientos sociales, en las luchas callejeras, en las organizaciones gremiales, sindicales y populares ya no están para el juego de componendas electoralistas y triunfalistas  el pueblo despierta de su letargo, la vida continua pero no amarrada a una Constitución que aún tiene el estigma de botas militares en la Moneda.

¹Slogan surgido en el Encuentro de Lima en 1983, y asumido por las femilistas chilenas.

²Codigo Penal de la Republica de Chile, Libro II, Titulo VII, articulos 342-345

Mafalda Galdames Castro, MMM-Chile

Cordinadora MMM-Chile

Mg. en Estudios Sociales y Politicos Latinoamericanos

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